Privatización de los servicios públicos

Cada vez que se intenta o ha intentado, y supongo se intentará, privatizar algún servicio público se produce un fuerte conflicto de intereses. Por un lado los funcionarios que hasta ahora lo han venido desempeñando que se resisten al cambio al igual que, sin ser funcionarios, aquellos que durante años están realizando el trabajo en cuestión con el nexo de un contrato laboral. También los usuarios se niegan al cambio enarbolando la abolición del estado de bienestar como bandera, lógicamente instigados por los sindicatos y partidos políticos no afines al gobierno de turno

Está bastante demostrado que el hecho de realizar el servicio de que se trata sea realizado por una empresa privada resulta más eficaz y económico y como muestra los hospitales cuya gestión se realiza con empresas privadas en Madrid y que algunos usuarios se han enterado hace poco.

Sin embargo da bastante que pensar las consecuencias negativas que se derivan y prueba de ello es la huelga de empleados de limpieza en Madrid que la ha convertido en el estercolero nacional y a este respecto, bajo mi humilde opinión pienso que, si no está contemplado actualmente en la legislación para contrataciones públicas se modifique para que el contrato prevea alguna clausula en el siguiente sentido:

• Rescisión del contrato sin penalización alguna en el caso que no se preste el servicio  contratado durante un plazo superior a cuarenta y ocho horas, incluyendo la huelga (de trabajadores y/o de empresa), salvo que el motivo se deba a fenómenos atmosféricos, nucleares o de una contienda (Dios no quiera se produzca ninguno de estos supuestos). La empresa "expulsada" no podrá volver a contratar con administración pública alguna, ni directa ni indirectamente y los trabajadores no tienen por qué ser absorbidos por la nueva empresa contratante.

Estoy seguro que a la vista de las consecuencias que podría traer para ambas partes el incumplimiento del servicio produciría los siguientes efectos:

1. Antes de preparar un ERE la empresa se lo pensaría y comunicaría a los trabajadores.
2. Los trabajadores antes de convocar una huelga, con los consiguientes "piquetes informativos" que impiden cubrir el 40% de servicios mínimos y también de no permitir el derecho a trabajar a los quieran hacerlo., también se lo pensarían. ¡Ojo! no estoy diciendo que no ejerzan el derecho a la huelga, pero que éste derecho sea una derivada de la obligación de cumplir prestando los servicios mínimos.
3. Estoy seguro que se pondrían de acuerdo con más facilidad, porque, además pueden haber otras alternativas, como por ejemplo la reducción de jornada y/o retribución para no tener que llevar a cabo el ERE. Estoy convencido que las empresas, en general quieren dar trabajo para realizar su objeto social y, por supuesto obtener beneficios y si el montante de los costes no permiten obtenerlos pues tratarán de reducirlos.

De igual modo que se han puesto de acuerdo ante el ultimatun del Ayuntamiento de Madrid, (que podría haber sido mas rápido) lo podrían haber alcanzado antes.
Al final el usuario, el que paga los impuestos correspondientes que permiten el llevar a cabo estos servicios siempre es el más perjudicado y, en este caso, las arcas públicas que por el deterioro de imagen que se produce merma el turismo.
Imaginemos una huelga de este tipo en la sanidad pública...